La guerra por la paz

POR Khalea Robertson
REVISADO POR Adriana Becerra  

52 años de conflicto, más de 7.000.000 desplazados, aproximadamente 250.000 muertos y decenas de miles desaparecidos.El 26 de septiembre, después de cuatro años de negociaciones en la Habana, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia firman con gran ostentación un acuerdo de paz para poner fin a la devastación bélica del país y luego recurren a la población colombiana para la afirmación de ésta. Seis días después, el 50,2% de los votantes les dicen “no” y los observadores extranjeros se quedan anonadados, por no hablar del presidente Juan Manuel Santos.

 ¿Dónde se encuentra la culpabilidad de este suceso inédito?

Quizás en el gran absentismo del electorado colombiano. Se les otorgó una gran oportunidad de influir de manera significativa en el futuro de su país, posiblemente aún más significativa que las elecciones presidenciales, el 62,6% de los colombianos con derecho a voto faltaron a las urnas.
En algunos pueblos de la costa caribeña se puede atribuir esto al golpeo del huracán Matthew que provocó inundaciones y daños estructurales en la península del norte unos tres días antes del voto. Por lo tanto, algunos habitantes de estas áreas tuvieron que ser evacuados o priorizaron el cuidado de sus casas y comunidades así que las provincias costeras de La Guajira, Atlántico y Bolívar todos contaron con una participación electoral del 19.4%, 24.1% y 23.4% respectivamente, las tasas más bajas del país. Estas regiones fueron firmes partidarias del pacto y los que pudieron votar eligieron rotundamente el “sí”, representando así una gran pérdida para los promotores del acuerdo.

Sin embargo, aunque no fue tan destacable en otras zonas, el absentismo electoral no se limitó a la Región Caribe en estas elecciones ni es un fenómeno nuevo en Colombia. Por eso, se puede conjeturar que tiene que ver con un impedimento anímico más generalizado que tiene su origen en sentimientos de desconfianza que imperan en el país en cuanto al sistema político y las instituciones democráticas cuyas fallas se plasman en la inestabilidad sociopolítica y económica crónica. Los colombianos están desencantados por las promesas incumplidas de partidos políticos y sus líderes y, de esa manera, su presidente Juan Manuel Santos ha sido un blanco fácil de su desprecio. Están los que sugieren que la fuerte impopularidad de Santos indujo que algunas personas rechazaran el tratado, más como protesta contra Santos que en favor de los argumentos de la oposición. 

Un cartel que muestra el rechazo de una parte de la sociedad colombiana hacia las autodenominadas FARC. LEO PRIETO / FLICKR.

En cambio, Álvaro Uribe, el defensor principal de la negativa y el predecesor y ex-jefe de Santos, fue un presidente muy querido según las encuestas y, desde 2014, ha sido un senador que cuenta con un apoyo de base popular. Durante el transcurso de su carrera política ha demostrado mano dura, particularmente en asuntos relacionados con el narcotráfico, que es un azote al país, un comercio del que las FARC es responsable en un 60% en Colombia. Además, siempre ha tratado a las FARC como un grupo terrorista, mientras que Santos se ha mostrado dispuesto a reconocerlas como una contraparte en el sistema democrático y les facilitó una ruta hacia la política formal en el acuerdo, prometiendoles unos 10 escaños en la asamblea nacional (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes) para las dos elecciones generales próximas. De hecho, secciones del convenio suenan más a un manifiesto político que a un mero pacto de paz, abordando temas como los derechos de los homosexuales y las maneras específicas en que las mujeres sufren por la guerra.

No obstante, a las comunidades situadas a lo largo de las fronteras del territorio, que eran las más enredadas en la guerrilla sangrienta de las FARC y que votaron de manera contundente para la paz por un sentido de alivio urgente, es probable que les importaran poco los pormenores del acuerdo. 

Una imagen de un guerrillero de las FARC.   LEO PRIETO / FLICKR.

Así, el éxito de Uribe y su nuevo partido, Centro Democrático, de convencer a una gran parte de la población de rechazar el acuerdo por culpa de unos términos demasiado indulgentes, debe ser muy frustrante para los más afectados, que querían la paz de forma perentoria. 
Por otro lado, Uribe y el CD han construido una argumentación convincente. Además de la repulsa del proceso de transición democrática para el grupo paramilitar, un punto muy polémico que han destacado es la impunidad convenida para los líderes de las FARC que no serán encarcelados si confiesan sus delitos, sino que se someterán a una “restricción efectiva de la libertad” en las zonas que serán designadas. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por Bogotá y miembro del CD, resumió la postura de su partido con estas palabras: “queremos paz, pero sin entregar al país, porque una paz sin justicia no es paz.” Es esta retórica la que ha logrado persuadir una sección considerable del pueblo colombiano.

El gobierno y las FARC regresaron a la mesa de negociaciones y, ahora, hay un nuevo acuerdo, pero todavía envuelto en controversia. Ha tratado el asunto de compensaciones para las víctimas en forma de activos entregados por los guerrilleros y ha especificado los términos de la restricción de la libertad, pero sigue con el no encarcelamiento y con la transformación de los miembros de las FARC en políticos legítimos, puntos claves para los representantes del “no”. También, el CD ha denunciado la intención del gobierno de eludir otro voto público y refrendar este pacto en el Congreso en su lugar.

En este momento, con una población aparentemente apática y una pugna entre la paz y la justicia, el camino hacia la concordia parece largo y turbio.